Aún proliferan casos de ejecuciones extrajudiciales en el estado Bolívar, que violan derechos humanos y que atentan contra la calidad de vida ciudadana. José Gregorio Martínez, de 25 años, fue asesinado el 4 de septiembre, y familiares denuncian el abuso de autoridad de funcionarios del Cicpc.

El tercer informe del Observatorio de Violencia Armada con Enfoque de Género (Ovaceg), de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) registró en ambos meses femicidios activos y  pasivos, con un contexto país repleto de carencias. En Bolívar y en Monagas hubo, en total, 10 mujeres que fallecieron por violencia directa y por fallas en el sistema de salud. Uno de los casos resaltantes fue el de Rebeca Núñez, pareja del exdiputado oficialista Aldrin Torres: ambos fueron asesinados a principios del mes pasado y hasta ahora no hay ningún indicio de averiguaciones ni de justicia.

Eladia Guarisma no duerme bien por las noches. Ha sido un largo tiempo de desvelos, ansiedades y lágrimas a causa de la ausencia de su hijo, Nelson Omar Carpio, quien fue visto por última vez el 17 de noviembre de 2015, luego de que funcionarios de la PEB se lo llevaran a la fuerza en una patrulla del CCP Francisca Duarte. La justicia venezolana no ha respondido: en este tiempo solo ha habido una breve medida de privación de libertad para la directora de ese centro y tres imputados. Nelson Omar, quien cumple 20 años en este mes, sigue desaparecido.

En el primer semestre de 2018 hubo 12 mujeres asesinadas en el estado Bolívar, entre los municipios Caroní, Heres, El Callao y Sifontes. El mes más violento fue mayo, en el que ocurrieron cinco homicidios de mujeres, equivalentes al 41% de los crímenes registrados.

El equipo jurídico de Codehciu denuncia que el juez 1° de Control del estado Bolívar, Carlos Oronoz, otorgó al oficial Christian Santamaría una medida sustitutiva de privativa de libertad violando lo estipulado en el artículo 491 del COPP y también las exigencias del Ministerio Público en el caso de la desaparición forzada del adolescente Nelson Carpio, en San Félix.

La Escuela de Comunicación Social de Comunicación Social de la UCAB Guayana invita a intercambiar ideas en relación con el país que queremos, contrastar dicha visión con la realidad y trazar una ruta de trabajo que nos oriente en los próximos años.

La ONG Acceso a la Justicia visitó Puerto Ordaz, en alianza con la organización local Codehciu, para conocer la realidad regional en cuanto a derechos humanos y comprobar lo que han visto en un recorrido por todo el país: la crisis humanitaria y la impunidad que revisten al país de corrupción y atraso.

La ONG se pronunció por el nuevo ataque a residencias Villa Latina y otras aledañas en Puerto Ordaz, donde el principal objeto de la fuerza pública es el castigo ejemplarizante a la comunidad.

La ONG local recomienda al Ejecutivo nacional a conocer los resultados y a la AN a materializar las voluntades de más de 7 millones de venezolanos que están en desacuerdo con el Gobierno.

La ONG ofreció un balance de los 100 días de protestas de la oposición en la entidad, reflejando que han sido 200 aprehensiones, de las cuales 50 personas aún permanecen privadas de libertad.

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