Miércoles, 27 Junio 2018 00:00

Periodismo: forjador del tejido social en Venezuela

 
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El periodismo y las diversas formas de participación ciudadana tienen en común la función contralora del poder El periodismo y las diversas formas de participación ciudadana tienen en común la función contralora del poder Foto Utel.edu.mx

Una dirigente vecinal organiza a los suyos para protestar por falta de agua en su comunidad. Un abogado especialista en derechos humanos habla en nombre de una ONG sobre los atropellos del Estado. Un diputado denuncia la falta de transparencia del Ejecutivo en la adjudicación de contratos. Un vocero de un partido político repite las revelaciones de una investigación sobre niños muertos por desnutrición. Un usuario hastiado del pésimo servicio de internet exige cuentas por el pago de su factura…

Todos estos y muchos más actores, aparentemente disímiles entre sí, convergen más que en un mismo tiempo y espacio: la agenda de contactos de un periodista.

Este artilugio de los gajes de la noticia, signo de la conversión de los microcosmos que conforman el tejido social, es apenas una ínfima confirmación de que tales universos son más que la sumatoria de sus partes. De esas especies que dinamizan el ecosistema de una sociedad, y que gracias a su trabajo sinérgico logran construir más que una nota periodística. Más que la solución a un problema vecinal. Más que educar a la ciudadanía: construir el necesario capital social para el desarrollo.

Harto se ha hablado de la participación social, tanto en formas como en alcances; más en América Latina en la segunda mitad del siglo XX, cuando, al igual que Europa del Este, los mecanismos que garantizan este ejercicio ciudadano se desarrollaron como respuesta a procesos totalitarios, en un período de transición a las democracias en las que el colectivo exigía su reconocimiento como portador de derechos -condiciones para la libre expresión y asociación ciudadana- que garantizara su lucha contra el sometimiento (Canto Chac, 2010); pero también, como protección ante la ineficiencia de aquellos Estados nóveles, inexpertos en satisfacer sus necesidades.

Así, entonces, tanto de letra como de acción, surgieron aquellos mecanismos que empoderaron al ciudadano en la toma de decisiones de su entorno como parte de la profundización del modelo democrático. La Reforma del Estado (Copre) que inició en el gobierno de Jaime Lusinchi y cristalizó en el segundo de Carlos Andrés Pérez, y la “democracia participativa y protagónica” consagrada en la Constitución de 1999 son ejemplos de ello.

Pero la ley no siempre es hecho. E incluso, puede ser lo contrario. El agotamiento de los canales de demanda y de respuesta (input-output) del Estado venezolano a finales del siglo XX, y que originó la emergencia del chavismo como movimiento político, tuvo un nuevo aparataje institucional con la naciente quinta república y su correspondiente constitución. Pero el deterioro de esta institucionalidad a partir de un proceso populista, y la posterior lesión al sistema de derechos civiles y políticos, sumió al país en un nuevo estado de indefensión colectiva. Un estado que trajo consigo la emergencia de nuevas formas de organización social como respuesta ciudadana para canalizar las demandas al Estado y exigir su cumplimiento.

No es casual que la mayoría de las ONG venezolanas defensoras y promotoras de derechos humanos hayan surgido durante el auge del chavismo. Y las que ya existían tuvieron más visibilidad, precisamente, ante la falta de respuesta estatal a las necesidades del colectivo. Una carencia que, lejos de desarticular el tejido social, ha sido el motivo para que cientos de venezolanos hayan decidido organizarse a través de estas agrupaciones para satisfacer sus necesidades como ciudadanos. Poco queda decir cuando, a partir de esta dialéctica, el país tiene ahora más de 43 ONG dedicadas a la promoción y defensa de derechos humanos trabajando en red, con reconocimiento y vocería en organizaciones internacionales reconocidas por el Estado venezolano… y aquellas que intenta desconocer.

Escrutar al poder 

El trabajo de estas ONG, aunado al de instituciones tradicionales que persisten en su labor primigenia como actores sociales (gremios, cámaras, sindicatos, partidos políticos, asociaciones vecinales, grupos de interés), confluyen en el periodismo en más que el mero hecho divulgativo: en la labor civilista de escrutar al poder.

Coinciden en la búsqueda de información para hacer seguimiento a la gestión pública, amén de la función contralora que supone el ejercicio democrático, que a su vez sirve a la población para mantenerla informada sobre los asuntos de su interés. Con esto, el periodismo no solo gesta la necesaria opinión pública que nutre la toma de decisiones que fortalecerán la democracia, sino que fomenta la construcción de redes que luego forjarán el capital social para el desarrollo.

Es por ello que la mermada libertad de expresión en Venezuela -y sus consecuentes derechos al acceso a la información pública y libertad de prensa- no sobrevive solo con el trabajo periodístico que se forja en las redacciones que enfrentan a la dictadura, sino en la labor sinérgica que producen estos actores amalgamados como tejido social; uno que condensa, desde la conspicua investigación de un grupo de universidades sobre las condiciones de vida del venezolano, hasta el conteo que lleva una comunidad de los cortes de agua. Cada uno audita al poder desde su perspectiva y alcance, pero es gracias a la labor periodística que estos universos confluyen en difusión, retroalimentación y reforzamiento de contenidos, a la vez que entreteje alianzas entre los actores sociales para generar esa red que hoy, sin nombre, sin pancartas, sin las rimbombancias de la hegemonía comunicacional de la dictadura, trabaja en pro de la sociedad. Para auditar al poder, para educar, para canalizar las demandas ciudadanas, para informar, fomentar la opinión pública, reconstruir la institucionalidad mermada por la dictadura y consumar, por fin, el anhelo nacional de una Venezuela en democracia.

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